El paro de transporte en Lima y Callao del 10 de abril de 2025 evidenció la profunda crisis de inseguridad que afecta al sector urbano. Miles de transportistas detuvieron sus labores para exigir acciones concretas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que enfrentan a diario.
Contexto del paro de transporte
El paro de transporte fue convocado por la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, junto a otros gremios, en respuesta a la creciente violencia que azota al sector. Según informes, más de 20,000 unidades de transporte público se sumaron a la paralización, afectando significativamente la movilidad en la capital peruana.
La protesta se originó tras el asesinato de varios conductores por bandas de extorsionadores. En lo que va del año, al menos 16 choferes han sido asesinados mientras cumplían con sus rutas, generando temor y exigencias de seguridad por parte del gremio.
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Impacto en la ciudad
La paralización del servicio de transporte público dejó a miles de ciudadanos sin medios para movilizarse. Las estaciones del Metropolitano y corredores complementarios se vieron abarrotadas, y muchos optaron por caminar largas distancias para llegar a sus destinos.
El gobierno, ante la magnitud del paro de transporte, desplegó 13,000 efectivos policiales en las principales rutas de Lima y Callao para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada de protesta.
Demandas de los transportistas
Los gremios de transportistas exigen al gobierno medidas concretas para enfrentar la inseguridad:
- Mayor presencia policial en las rutas de transporte público.
- Investigación y sanción a las bandas de extorsionadores.
- Protección legal para los conductores que denuncien actos delictivos.
- Implementación de tecnologías de seguridad en las unidades de transporte.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, manifestó que el paro de transporte es una medida desesperada ante la inacción del Estado frente a la violencia que sufren a diario.
Respuesta del gobierno
La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén reconocieron el derecho a la protesta, pero enfatizaron que paralizar labores no contribuye a la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el gobierno ha sido criticado por la falta de acciones efectivas para proteger a los transportistas.
En marzo, se declaró el estado de emergencia en varias zonas de Lima y Callao, permitiendo el despliegue de fuerzas armadas para apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de estas medidas, los índices de violencia y extorsión continúan en aumento.
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Perspectivas futuras
El paro de transporte del 10 de abril es el quinto en siete meses, reflejando la gravedad de la crisis de inseguridad en el sector. Los gremios han advertido que, de no recibir respuestas concretas, podrían convocar a un paro nacional indefinido.
La situación exige una acción coordinada entre el gobierno, las fuerzas del orden y los gremios de transportistas para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad en el transporte urbano.
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